Cristina Schlichting: El día 24 de enero del año 2000 el juez Baltasar Garzón Real estampaba su firma definitiva en contra de la querella interpuesta dos años antes por la «Asociación de Familiares y amigos de víctimas de genocidio en Paracuellos del Jarama». Denunciaban los fusilamientos en la Guerra Civil en Paracuellos entre noviembre y diciembre de 1936. Los razonamientos del magistrado eran severísimos. Acusaba a los demandantes nada más y nada menos que de «mala fe», de tomarse «a la ligera las normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico» y« hacer mofa y escarnio de la serenidad que toda actividad jurisdiccional comporta». En aquella sentencia decía exactamente que los fusilamientos «están prescritos al haber transcurrido más de veinte años», que la amnistía dictada el 25 de noviembre de 1975 «veda cualquier posibilidad de reiniciar la persecución penal por los actos de nuestra Guerra Civil» y que además «el delito de genocidio no se encontraba tipificado en España en la fecha de los hechos». Cuando las víctimas del franquismo se dirigieron diez años después a Garzón obtuvieron exactamente la respuesta contraria: pidió las actas de defunción de los responsables, se proclamó competente para juzgar y obvió la amnistía. Súbitamente, los crímenes constituían delito de genocidio y ni habían prescrito ni estaban perdonados. Leídos los hechos, que venga alguien a decir al juez Varela que Garzón no ha prevaricado. Que lo digan los firmantes del manifiesto en defensa del de Jaén: Juan Goytisolo, Caballero Bonald, Pilar Bardem, José Sacristán o Miguel Ríos. A ver quién tiene bemoles de afirmar que un juez que dice en dos materias paralelas cosas antagónicas no está juzgando injustamente
