La Sección Primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado "pertinente" y ha admitido que el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, sea sometido en calidad de testigo a una "prueba de interrogatorio" en las diligencias que se siguen en dicha jurisprudencia, a cuenta de las acciones judiciales promovidas por el PP contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que libró una subvención de más de diez millones de euros para la empresa Minas de Aguas Teñidas S.A. (Matsa), para la que trabajaba Paulina Chaves, hija del por entonces presidente del Gobierno andaluz.
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